Donde falta la harina todo es mohina, reza el viejo refrán español. Es por ello que desde que empezara la crisis en 2007, la clase política sea percibida por la opinión pública más como un problema que como la solución.
Los casos de corrupción, en los que se han visto envueltos dirigentes políticos y altos cargos adscritos a los partidos de todo el espectro parlamentario, y de prácticamente todas las autonomías, han acentuado la perniciosa sensación de que son legión los que acceden a la política más que para servir a la res pública, lo hacen para servirse de ella.
Las salpicaduras han llegado incluso a la Casa Real, donde las actividades empresariales de Iñaki Urdangarin, el marido de la infanta Cristina y yerno del Rey, han sido puestas bajo la lupa judicial. Todo el armazón institucional se encuentra así bajo sospecha.
Solo una profunda recuperación de la ética en los comportamientos y una transparencia nítida en el manejo del dinero público, podrán disipar la acendrada sensación de que la justicia, todavía, no es igual para todos.
Sin embargo, esa percepción general sobre el coste de la clase política española, y por extensión de la Jefatura del Estado, tiene mucho de injusto, sobre todo si se comparan con sus homólogos extranjeros.
La asignación de la Casa Real española, por ejemplo, es casi 5 veces menor que la que recibe la de Holanda, y 4 veces y media menos que la británica.
Hace unos días también, el diario italiano Corriere della Sera publicaba en su portada la comparación entre los sueldos del taquígrafo-jefe del Senado italiano y el del Rey de España: 290.000 Euros al año para el taquígrafo frente a los 292.000 de don Juan Carlos.
A partir de ese dato surgían otras comparaciones, de las que resulta que si los diputados italianos son los mejor pagados de Europa, con casi 19.000 euros brutos mensuales –entre sueldo, dietas y otros complementos-, los españoles perciben cuatro veces menos, es decir algo por debajo de los 5.000 euros, también por los mismos conceptos.
Los diputados alemanes reciben 12.600 euros mensuales, y los franceses, 14.000.
En los cuatro casos, Alemania, Francia, Italia y España, existe un régimen político bicameral, si bien a excepción del Bundesrat, verdadero parlamento de los estados federados germanos, en el resto se trata más bien de una cámara de segunda lectura, calificada en el caso de España de “centro de día para aparcar a políticos amortizados”.
En cuanto a los gobiernos, no es en Europa donde se encuentran los mejor pagados. El gobernante mejor remunerado del mundo es el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, cuyo salario es de 1.700.000 euros anuales. Son casi cuatro veces más que el de su inmediato seguidor, el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, Donald Tsang, que se conforma con 425.000 euros.
Le sigue la primera ministra de Australia, Julia Gillard, con 400.000.
Por su parte, el dirigente más poderoso del mundo, el presidente norteamericano Barack Obama, percibe algo más de los 300.000 euros, mientras que el presidente del Gobierno de España apenas llega a los 80.000. Considerando la compatibilidad de su pensión con otros emolumentos, como la pertenencia al Consejo de Estado, el ex presidente Zapatero gana casi el doble que Mariano Rajoy.
La remuneración de la clase política ha sido siempre un tema controvertido. En Singapur estiman que si pagan tan bien a sus ministros y altos cargos es porque así atraen a los mejores y evitan la tentación de la corrupción.
Por la misma o parecida razón, quienes en España se desenvuelven brillante y holgadamente en la empresa privada se resisten a trasladarse a cargos públicos mucho peor pagados.
La consecuencia entonces es que el nivel de la clase política se vaya degradando al estar engrosada preferentemente por mediocres que difícilmente sobrevivirían al mismo nivel fuera de la ubre de las instituciones del Estado.
La regeneración, por consiguiente, no está tanto en rebajar unos euros el salario de ministros y altos cargos, cuanto en limpiar y eliminar tantas empresas y entes públicos, estatales y autonómicos, de utilidad más que dudosa. En ellos se han producido los mayores despilfarros, y en ellos radica también gran parte de la deuda que nos asfixia.
Todo un cambio general de cultura política, sin el cual la democracia española seguirá siendo de una calidad manifiestamente mejorable.
MOREDA HERRERO
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